A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (expte. nº 121/000042).
II.- Motivación de la componente Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds del GP ER-IU-ICV.
¿Presupuestos para la crisis? Errores de diagnóstico y previsiones optimistas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 son los primeros que se elaboran en un marco de reconocimiento de la crisis. Los anteriores fueron elaborados y aprobados sin querer reconocer la verdadera dimensión de esta crisis, incluso negándola, bajo unas previsiones que se han visto absolutamente desbordadas por la realidad.
Sin embargo, el Gobierno parece continuar equivocando el diagnóstico de la crisis, ignora los datos económicos que la realidad traduce y especula con un escenario macroeconómico que ya es cuestionado por distintos analistas, incluidos los que rezuman mayor optimismo, como es el caso del FMI.
El Gobierno sigue creyendo que la crisis es estrictamente financiera, frente a la cual las entidades financieras españolas están suficientemente preparadas, y que los efectos sobre la economía real son colaterales y de corta duración. En consecuencia, propone e intenta aplicar exclusivamente medidas paliativas de corto alcance.
Durante los años de crecimiento el Gobierno renunció a cambiar el patrón de crecimiento y optó por echar mas leña al fuego de un crecimiento insostenible social y ambientalmente. En principio negó la crisis, para después aceptarla como algo que venía de fuera, negando las debilidades de nuestra economía. Ahora el Gobierno parece fiarlo todo a la salida de la crisis a nivel internacional, sin tener presente las debilidades de nuestro modelo, la necesidad de multiplicar las inversiones en I+D+i, la oportunidad de acentuar nuestras potencialidades, por ejemplo, en el terreno de las energías renovables, o la necesidad de impulsar con un mayor acento inversor el desarrollo de un Estado del Bienestar dando derechos y generando ocupación.
Según el escenario macroeconómico que acompaña a estos Presupuestos, el Gobierno estima que 2009 será el ejercicio más complicado, que a partir del primer trimestre de 2010 se verá la luz al final del túnel, y que la economía retomará poco a poco ritmos de crecimiento positivos. Según este escenario, el año 2009 se cerrará con un descenso medio del PIB del 3,6%, caída que se modera en 2010 con una previsión del -0,3%. En términos de empleo la traducción es una destrucción de puestos de trabajo en 2009 que asciende a 1.119.300 ocupados y que también se modera hasta una destrucción de empleo de 303.500 ocupados en 2010. Considerando la evolución prevista de la población activa el Gobierno estima una tasa de paro del 17,9% en 2009 y del 18,9% en 2010. En suma, 4.157.900 desempleados en 2009 y 4.369.300 en 2010.
Como decimos, el primer problema con el que nos encontramos es que es muy probable que estas previsiones sean excesivamente optimistas, de tal forma que España tardará más de lo previsto por el Gobierno en salir de la recesión.
El error de la contención en el gasto.
El segundo problema, el principal y derivado de esas previsiones, es que el Gobierno considera que en 2010 es posible relajar el impulso fiscal. Así, en estos Presupuestos se plantea un “esfuerzo de contención del gasto sin precedentes”, en palabras del Gobierno, y una subida de impuestos, con tintes regresivos, con la intención de recortar el déficit público.
Desde luego que entendemos la situación excepcional por la que atraviesan nuestras finanzas públicas y no somos ajenos a la deseable sostenibilidad de las mismas a largo plazo. Pero lo que también entendemos es que la situación de la economía real no es menos excepcional.
Los estímulos que proporciona un presupuesto con mayores inversiones, fruto del déficit público o de un mayor esfuerzo fiscal de quien más puede aportar, son los que pueden evitar una recesión más profunda o que ésta se convierta en depresión. Por tanto, la corrección de los desequilibrios fiscales ha de llevarse a cabo cuando la recuperación económica esté verdaderamente apuntalada, sin precipitaciones. La prioridad ahora es abordar la recesión y el drama del desempleo.
Creemos que existe margen de maniobra con nuestra deuda pública. Con el déficit previsto por el Gobierno para 2009, la deuda pública alcanzará el 53,4% del PIB, por debajo de la media de la Zona Euro (77,7%). Y, a medio plazo, una verdadera reforma fiscal, y no las medidas que presenta el Gobierno, es la que permitiría asegurar la suficiencia de los ingresos públicos y mejorar en términos de equidad y progresividad.
En este escenario, la propuesta del Gobierno dice predicar con una austeridad que se ha acabado mal entendiendo, ya que se traduce en recortes en áreas fundamentales, especialmente en lo que se refiere a inversiones que permitan caminar hacia un cambio profundo en el patrón de crecimiento de la economía española.
Ante la atonía del sector privado, y cuando el objetivo prioritario es salir de la recesión y crear empleo, no parece razonable reducir la inversión real del Estado, amortizar empleo público, relajar los esfuerzos en investigación, o subir el IVA, con un posible impacto negativo en el consumo.
Nuestras cuentas públicas han pasado de registrar un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 3,8% del PIB en 2008 y a un previsible déficit en el entorno del 10% del PIB en 2009. El Gobierno pretende sentar ahora las bases para reequilibrar las cuentas públicas con el objetivo de conseguir un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas para 2010 del 8,1% del PIB y de volver a los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un déficit inferior al 3% del PIB en 2012.
Es cierto que para que nuestro modelo productivo sea sostenible también deben serlo nuestras finanzas públicas a medio y largo plazo. Pero también lo es que difícilmente apuntalaremos la recuperación económica con medidas que pueden debilitar la demanda interna, y que tampoco cambiaremos el patrón de crecimiento de nuestra economía reduciendo el gasto público.
Desplome de los ingresos y políticas discrecionales equivocadas.
Por el lado de los ingresos, entre los años 2007 y 2009 se ha producido un descenso de la recaudación de aproximadamente 8 puntos del PIB, unos 80.000 millones de euros. Esta caída espectacular de la recaudación es fruto de la propia crisis, de la puesta en marcha de medidas discrecionales por parte del Gobierno, y también de una cuestionable efectividad en la gestión tributaria.
La estabilización automática que la crisis produce en los ingresos se ha agudizado con el desplome de las operaciones inmobiliarias, que ha tenido un impacto sobre la recaudación importante afectando a todas las Administraciones Públicas. En el ciclo expansivo se confió en exceso en los ingresos fiscales fruto de la burbuja inmobiliaria y se acometieron con ligereza rebajas de impuestos. Todo esto pasa ahora factura.
De lo que podemos definir como el impulso fiscal discrecional que ha articulado el Gobierno hasta la fecha, más de la mitad se ha traducido en políticas que minoran los ingresos públicos. Aquí podemos mencionar la famosa deducción de hasta 400 euros en el IRPF, el cheque bebé, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, o las reformas en el IRPF e Impuesto de Sociedades adoptadas a favor del ciclo.
Seguramente, si se hubiese priorizado los estímulos fiscales a través del gasto público se habría producido un impacto más positivo y directo sobre la economía.
Pero además, es muy probable que se haya producido también una potencial pérdida de recaudación en los impuestos gestionados por la AEAT por deficiencias en la gestión tributaria y recaudatoria. Si nos fijamos en el ejercicio de 2008, donde la economía todavía creció en media anual nominalmente por encima del 4%, la caída de la recaudación en ese año no puede explicarse totalmente por la crisis y el impacto de las medidas discrecionales. Esta cuestión es preocupante por su impacto en 2009, un ejercicio afectado plenamente por la recesión. Lo cierto es que hoy nos situamos en una presión fiscal del 32,8%, una de las mas bajas de la UE, y que ello se ha debido principalmente a una política fiscal impropia de un Gobierno que pretenda ampliar de forma sustancial los derechos sociales. Y si bien la crisis ha supuesto una reducción de la presión fiscal, el principal motivo han sido las reformas fiscales realizadas, ya que la presión fiscal mientras que en las CCAA disminuyó en un 0,8%, a nivel estatal dicha presión disminuyó en más de 2 puntos porcentuales.
En este sentido, las deficiencias de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal y en la gestión recaudatoria de las deudas tributarias derivadas de actuaciones de comprobación e investigación es una cuestión de máxima importancia.
En el Presupuesto de ingresos para 2010, el incremento programado de ingresos no financieros, y el de los ingresos impositivos en particular, está afectado por las dosis de optimismo con las que se estima la evolución de algunos agregados macroeconómicos. Pero además de la confianza del Gobierno en el inicio de la recuperación en 2010, las medidas tributarias que contiene el proyecto de Ley de Presupuestos son el otro factor que, según el Gobierno, permiten el incremento de los ingresos programado.
Una mala propuesta en materia tributaria.
La propuesta tributaria debería haber sido más meditada, procurando que el esfuerzo fiscal recayera en aquellos sectores que podían pagar más, con efectos redistributivos, y meditando bien las consecuencias que podía tener sobre la economía. Pero el Gobierno parece haber ido a lo más sencillo, con una propuesta que además de injusta puede tener efectos claramente negativos sobre la marcha de la economía. Se elimina la deducción de los 400 euros y aumenta la tributación de la renta del ahorro en el IRPF, se reduce en 5 puntos el tipo de gravamen en el Impuesto de Sociedades a las PYME, y se aumenta el tipo general, en dos puntos, y el tipo reducido, en un punto, del IVA. Con estas medidas el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales de casi 11.000 millones de euros, 6.500 de los cuales tendrán un efecto en términos de caja durante el año 2010.
Este paquete de medidas tributarias se aleja mucho del objetivo declarado por el Presidente del Gobierno en el sentido de que los mejor situados económicamente van a realizar ahora un esfuerzo suplementario para aliviar a nuestras finanzas públicas. Estas medidas recaen en mayor proporción sobre las rentas del trabajo en general y sobre las más reducidas en particular. La única medida que puede repercutir sobre las rentas más elevadas es el aumento de la tributación sobre el ahorro (sobre las rentas del capital), pero esto sólo significa una pequeña parte de aumento de la recaudación por la subida de impuestos (unos 700 millones de euros al año).
La verdadera medida estructural es el aumento del IVA, que afecta en mayor medida a los ciudadanos de menor capacidad económica por su mayor propensión al consumo. El Gobierno, en el libro de presentación de estos Presupuestos, afirma que la finalidad del aumento del IVA, que surtirá efectos a partir del segundo semestre de 2010, no es tanto la suficiencia recaudatoria a corto plazo cuanto garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo.
Pues bien, esa sostenibilidad de las finanzas públicas debe lograrse, efectivamente, con reformas estructurales en la imposición orientadas a mejorar la suficiencia del sistema, pero también a potenciar su equidad y progresividad. Una reforma fiscal que mejore la progresividad del IRPF acabando con la discriminación que sufren los rendimientos del trabajo frente a los del capital, que revise el Impuesto de Sociedades estableciendo distintos tipos impositivos según las bases imponibles de las empresas, que establezca un nuevo impuesto sobre la riqueza que grave los grandes patrimonios, que desarrolle la fiscalidad ambiental, y que mejore de forma efectiva la lucha contra el fraude fiscal. Con una subida del IRPF de un 5% a las rentas de más de 100.000 € anuales, los ingresos extras de los que dispondría el gobierno serían de 1.680 millones de euros. También sería el momento oportuno para la creación de un nuevo impuesto sobre la riqueza que gravara la tenencia de bienes inmuebles con un valor superior al millón de euros. En ese contexto también podría revisarse el IVA.
Pero el Gobierno parece renunciar a planificar una reforma fiscal en profundidad con criterios de suficiencia, equidad y progresividad.
Austeridad en el gasto frente a la recesión y el cambio de modelo.
Por el lado del gasto público, la austeridad que proclama el Gobierno se traduce en una disminución del gasto no financiero consolidado del 2,6% respecto al gasto homogéneo de 2009.
Estos Presupuestos renuncian a gastos que pueden contribuir a superar la recesión y crear empleo, y también a gastos clave precisos para lograr un crecimiento más equilibrado a largo plazo.
En una coyuntura mundial en la que se ha evidenciado la necesidad de un profundo cambio de modelo económico como única salida a la crisis, consideramos que estos Presupuestos son deficitarios en cuatro aspectos: primer, el impulso de un nuevo modelo energético; segundo, la potenciación de los sistemas de movilidad de mercancías y pasajeros alternativos al transporte en carretera; tercero, una política de ordenación urbanística de promoción de la rehabilitación y de la densificación de las áreas urbanas y, por último, la búsqueda de alternativas al sector de la construcción y de la automoción como principales sectores de la ocupación, alternativas que pasan por la economía social, la investigación, la economía del conocimiento y los sectores industriales de mayor valor añadido. Un modelo más sostenible como el que proponemos genera riqueza y ocupación de forma eficiente y moderna, hace que nuestra economía sea más sólida y que el crecimiento sea sostenible y socialmente más justo, para ser competitivos sin seguir hipotecando el futuro.
Estos presupuestos siguen apostando por las grandes infraestructuras como autovías y AVE, y dejan atrás las necesidades más básicas, como el transporte ferroviario de cercanías o la inversión en transporte público urbano o metropolitano. El presupuesto de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias disminuye la inversión en cercanías en un 67’3% respecto a 2009.
Retos como el transporte de mercancías quedan en la anécdota, mientras que los instrumentos de gestión de la movilidad y las infraestructuras asociadas a dicha gestión forman parte del terreno de lo desconocido para el Ministerio de Fomento.
En este sentido, sorprende que, por segundo año consecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente reduzca su dotación presupuestaria. Cuando algunas de las economías más importantes a nivel mundial han decidido iniciar su salida de la crisis económica y ambiental mediante la lucha contra el cambio climático, no es admisible que en estos presupuestos, en aras de la austeridad, se produzcan disminuciones de más de un 27% en la partida del programa de actuaciones contra el cambio climático, en las partidas destinadas a la conservación de la biodiversidad o incluso en las de residuos bordeando el incumpliendo del mandato del Congreso de reformar antes del final de 2009 la Ley de envases, residuos y embalajes.
Hay que volver a señalar, un ejercicio más, el incumplimiento de la disposición quincuagésima novena de los Presupuestos de 2007 que, textualmente, mandataba al Gobierno a incorporar a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de Fiscalidad Verde, utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras. Una fiscalidad que hubiese permitido internalizar costes y apostar por un cambio en el modelo de crecimiento es aquella que el Gobierno, año tras año, es incapaz de desarrollar.
Igualmente son preocupantes los descensos en los programas de Investigación en materia medioambiental. El programa de Investigación energética, medioambiental y tecnológica se reduce en un 26% y el de investigación geológico-minera y medioambiental se reduce en un 67%. Estos descensos son especialmente graves por la necesidad de investigación para el cambio de modelo energético clave para la economía y para reducir la dependencia del petróleo. La modernización ambiental de nuestro país es una cuestión prioritaria y el Gobierno debe revisar su estrategia para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto con desarrollos normativos ambiciosos en materia de movilidad, ahorro y eficiencia energética y energías renovables y, evidentemente, dotando a los programas de los recursos necesarios. Parece imposible que en este contexto la inversión del Ministerio de Industria en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) continúe disminuyendo este año en 8,5 millones de euros cuando la inversión es de tan solo 67 millones de euros.
Una de las claves para el cambio de modelo es la inversión en la rehabilitación de viviendas con el objetivo de incrementar su eficiencia energética. En este sentido sorprende que no se prevea en el presupuesto la reedición de la ayuda extraordinaria del año anterior incluida en el Plan-E de 120 millones destinados a las comunidades autónomas para rehabilitación de vivienda.
El gasto destinado a Investigación y Desarrollo sufre un fuerte recorte centrado en la financiación del sector público de la investigación, los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y los instrumentos a su disposición como el Plan Nacional y el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Al parecer, para el Gobierno la I+D+i no forma parte de la estrategia para salir de la crisis sino que es una política procíclica que crece solo en los ciclos expansivos, en contra de las tendencias de los países desarrollados que fortalecen estas políticas como herramientas para superar la crisis.
El capítulo de personal de los OPIs se congela sin abordar cuestiones clave como la reducción de la precariedad (superior al 40%) y la estabilización del personal investigador contratado.
Los recursos dedicados a fabricación de armamento, aunque reducidos en un 19%, siguen siendo exorbitantes, mayores que la suma del Fondo Nacional y el FIS.
Mientras el gasto no financiero se reduce un 18,9% no cesan de incrementarse las operaciones financieras, que ya constituyen casi dos tercios (63%) del total. La distribución de estos gastos muestra la masiva transferencia de recursos al sector privado, que recibe más dinero que el Fondo Nacional, además del grueso de los 5.712,49 millones de euros en operaciones financieras. Sigue pendiente, además, una explicación sobre los mecanismos de asignación, control y seguimiento de estos créditos.
El moderado aumento de las becas universitarias no puede esconder algunos datos preocupantes en materia educativa. En primer lugar, el estancamiento de las inversiones en la educación primaria de 0 a 3 años de edad aboca al Gobierno al incumplimiento del compromiso según el cual el plan Educa-3 invertiría 2.000 millones de euros en el conjunto de la legislatura. La reducción de un 14% del programa de educación secundaria y FP es un error agravado por la actual coyuntura, ya que la formación en el ámbito no universitario es imprescindible para la mejora del modelo productivo y la creación de puestos de trabajo cualificados, así como un elemento esencial para la lucha contra el fracaso escolar. Por último, la falta de inversión en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia, que ha visto como se reducen las aportaciones a las Comunidades Autónomas, no da respuesta a las graves deficiencias que la comunidad universitaria ha denunciado en el inicio del despliegue de su aplicación.
En lo que respecta a las políticas activas de empleo, el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. Los créditos destinados a estas políticas activas apenas crecen un 2,2% sobre lo presupuestado en 2009, y de esa cantidad el 37% se destina a financiar las bonificaciones en las cotizaciones empresariales. Como decimos, las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disponen de una cuantía muy reducida (283,17 millones de euros) con una disminución sustancial, del 20,6%, respecto a 2009. El Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado reduce su dotación casi un 50%, desde 112,99 a 50,12 millones de euros.
Se reduce la Oferta de Empleo Público limitando el número de plazas de nuevo ingreso al 15% de la tasa de reposición, cuestión que nos parece improcedente al poder afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos, y en una situación prevista para 2010 de destrucción de empleo y aumento del paro. Pensamos que la limitación de la tasa de reposición de efectivos ha demostrado en el pasado no ser un instrumento válido para la racionalización de los recursos humanos en las Administraciones y que debería ser sustituida por una planificación efectiva de los recursos necesarios.
La Agencia Tributaria, en un momento en el que la economía sumergida según informes de la Inspección de Trabajo puede estar alcanzando el 30%, disminuye su presupuesto un 6,1%.
El Gobierno ha reiterado que, en el contexto de crisis actual, el gasto social no iba a sufrir ninguna incidencia negativa en los Presupuestos del año 2010. Sin embargo, tan sólo se produce un crecimiento en los créditos de la Ley de autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia y de forma mas modesta en los relacionados con violencia de género; en las demás partidas o hay reducción -en algunos casos como en materia de inmigración muy importante- o congelación o redistribución interna, y también se producen importantísimas desapariciones como es el caso del Plan Gerontológico.
Además, no se puede obviar el contextualizar estos gastos en el marco más general del gasto social en España: lo cierto es que seguimos muy alejados de la media Europea y los datos ya disponibles de dos años y medio de gestión de la anterior legislatura reflejan que, a pesar de numerosas declaraciones de diversos responsables políticos del Gobierno, no nos hemos acercado a esa media comunitaria, ya que hemos pasado del 20,68% del PIB en el año 2004 al 21,01% en el 2007, frente una media comunitaria del 27% (UE 25) y del 27’5% (UE 15) en el 2006.
El gasto global de la Secretaria General de Política Social y Consumo tiene una reducción del 42%, 178,5 millones de euros.
El Plan Concertado por primera vez en sus ya casi 20 años de historia experimenta una reducción de 2 millones de euros, pasando de 99,2 millones de euros a 97,2 millones de euros. La reiterada congelación en el transcurso de los últimos años y ahora la disminución del Plan Concertado, que debería ser la estructura fundamental en los Servicios Sociales de base en España, ha provocado una profunda alteración en su diseño inicial de cofinanciación tripartita: la aportación de la Administración General del Estado ya ni siquiera llega al 15%, y la de muchas Comunidades Autónomas tampoco ha crecido adecuadamente, obligando, por tanto, a un esfuerzo suplementario de financiación por parte de las Corporaciones Locales, que supera el 60%, casi el doble de lo inicialmente acordado.
El Plan de acción para personas con discapacidad -destinado a CCAA- sufre un importantísimo recorte del 3,6 millones de euros, el 61%, que ni de lejos se compensa con el aumento de la dotación para programas de personas con discapacidad, 259.000 euros, el 5%. El Plan del Voluntariado se reduce a la mitad, 150.000 euros, la partida para el Congreso estatal del voluntariado. Sigue igualmente desaparecido el Plan de Alzheimer.
Hay que subrayar, un año más, que continúa sin aparecer dotación específica alguna para el Plan de Inclusión Social, a pesar de que se ha aprobado un nuevo Plan 2008-2010, lo cual tiene difícil justificación. El Real Patronato sobre Discapacidad tiene una reducción de 149.000 euros, manteniéndolo en un estado de absoluta indigencia e inoperancia. Es necesario recordar que al inicio de la anterior legislatura se anunció un relanzamiento de las actividades del mismo y, más en concreto, la concesión de becas y ayudas para personas con discapacidad que quisieran acceder a la Universidad, cuestión ésta que sigue sin tener desarrollo.
Los programas de atención a las familias y a la infancia experimentan una reducción de 3,28 millones de euros, un 24% menos, lo que resulta especialmente alarmante. En lo que se refiere a la financiación a las Comunidades Autónomas para programas de apoyo a las familias en situación de riesgo y para menores hay que recordar que en el año 2009 tuvo un gravísimo recorte, pasando de 39,4 millones de euros a 3,9 millones. Para el año 2010 se mantiene congelada esta partida presupuestaria. La partida de 3,1 millones de euros para la FEMP para medidas de apoyo a la parentalidad positiva, creada en el presupuesto del año 2009, queda en la práctica suprimida al dejarla en 100.000 euros.
Las políticas de Juventud, básicamente el INJUVE, dentro de la modestia de su presupuesto, que tuvo ya una sensible reducción en el presupuesto del año 2009, experimenta una congelación, con 200.000 euros menos, el 0,6%.
El programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres disminuye en 4,1 millones de euros, un 10%. Ello afecta principalmente a las transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro, como el Programa de empleo y autoempleo de mujeres que disminuye en 4,5 millones de euros.
Cataluña como cambio de paradigma.
Como han demostrado las principales economías europeas, un tejido industrial moderno, fuerte y competitivo es garantía para la lucha contra el paro y la estabilidad en la ocupación. Cataluña es una de las comunidades donde tiene más peso el sector industrial, ocupa directa o indirectamente a casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas, y supone alrededor de una cuarta parte de la actividad industrial del total del estado. Por eso consideramos una muestra más de desorientación el recorte de 3,02% en el presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la falta de una política industrial activa que lidere una estrategia de reconversión de la industria catalana hacía los sectores con más futuro, mediante la modernización tecnológica, el impulso de los sectores relacionados con el medio ambiente y el apoyo a la internacionalización de su actividad.
Se sigue incumpliendo iniciativas aprobadas por el Congreso de los Diputados tanto en materia ambiental como de movilidad. En particular, la resolución aprobada en el seno del Debate sobre el Estado de la Nación sobre infraestructuras y movilidad sostenible. Estos presupuestos no incluyen la cuadruplicación de vías de ancho ibérico para los accesos sur y norte a Barcelona, ni el proyecto ejecutivo de la línea orbital ferroviaria, ni la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona, Manresa y Girona, ni el diseño de una nueva red de servicios regionales que tenga en cuenta las duplicaciones y cuadruplicaciones de vía así como el nuevo túnel ferroviario que se proponía en la resolución, y tampoco el diseño de una red de servicios intercity basada en un esquema en estrella con radios sobre los ejes Tortosa-Tarragona; Reus-Tarragona-Barcelona; Figueres-Girona-Barcelona.
En realidad el problema radica en la concepción de modelo, que se ha quedado estancado; es necesario que la gestión de las infraestructuras evolucione hacia una gestión efectiva y descentralizada de la movilidad sostenible. Uno de los paradigmas de este modelo es la gestión aeroportuaria actual: la realidad que envuelve al aeropuerto de El Prat hacen evidente la necesidad de una red aeroportuaria con autonomía de gestión como mejor solución para garantizar un crecimiento aeroportuario equilibrado y con más perspectiva de futuro, al tiempo que un desarrollo territorial más sostenible. Por este motivo es necesario que se haga efectiva la previsión del articulo 140.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de traspaso de la gestión integral de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat y la gestión compartida del aeropuerto de El Prat, entre las Administraciones central, autonómica y local.
También se han producido importantes recortes en las inversiones en Cataluña en infraestructuras de carácter ambiental, lo que va a comportar un difícil cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Destacan los recortes en los programas de infraestructuras ambientales como las hidráulicas y de mejora de la calidad del agua, a pesar de que Cataluña es la comunidad que más firmemente ha apostado por la Nueva Cultura del Agua. También se han reducido las partidas para el cuidado de los ecosistemas, para medio natural, protección de costas y gestión de los residuos.
La asignatura pendiente de la financiación local
Por último, con la crisis económica, la financiación local resulta un asunto de trascendencia fundamental para garantizar medidas destinadas a la reactivación del empleo y las políticas sociales.
En estos Presupuestos, las entregas a cuenta de la participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos del Estado (PIE) tan sólo alcanzarán un montante de 13.305,94 millones de euros. Esta cifra supone un descenso del 9,2% respecto a lo entregado en 2009. Y respecto a la liquidación definitiva del ejercicio de 2008, se establece un régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento de los saldos a favor del Estado que, siendo una medida positiva, es insuficiente.
Además, no se mantienen las partidas y conceptos presupuestarios que tradicionalmente se han destinado a las Entidades Locales. Por ejemplo, el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes sufre un recorte de 30 millones de euros.
Respecto al nuevo Fondo de Inversión Local dotado con 5.000 millones de euros, es preciso que un porcentaje importante de esa cantidad pueda ser destinada a la financiación de gastos corrientes relacionados con políticas educativas y sociales que actualmente prestan muchos Ayuntamientos y cuya continuidad podría ponerse en peligro como consecuencia de la caída de sus ingresos en 2010.
En suma, estos Presupuestos no son un instrumento útil para acelerar la salida de la crisis y crear empleo, y son injustos tanto por la obtención de los ingresos, como por la distribución del gasto público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del proyecto de Ley.
